Adolfo Moreno, abogado de Elías Barberán, quien fue acusado, erradamente, de matar a un hincha del equipo de fútbol, El Nacional, informó que apelará la decisión del juez que dictó sentencia condenatoria por el delito de injuria calumniosa en contra del general Osvaldo Yépez Cadena quien le imputó un falso delito al joven.

 De momento, el juez ha dejado en suspenso el cumplimiento de la pena del uniformado, imponiéndole una sanción de 6 meses, aunque la defensa de Barberán pidió la condena máxima de dos años.

 “Sin dejar de reconocer que este es un importantísimo precedente en la lucha por la justicia y los derechos humanos, porque es la primera vez que se sienta en el banquillo de los acusados a un Director Nacional de la Policía Judicial. Nosotros estamos consientes que esta pena de 6 meses no corresponde a la gravedad del delito cometido (…) Debe imponerse dos años de prisión y debe mandarse a cumplir la pena en la cárcel, al acusado”, apuntó el jurista.

Para Moreno, la Policía Judicial está dejando en la impunidad el crimen de David Erazo, al imputar un falso delito a un inocente y no investigar el caso.

El 10 de enero de 2011, la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Loja, ciudad ubicada al sur del país, negó el recurso de apelación interpuesto por el periodista Freddy Aponte y ratificó el llamamiento a juicio por "insolvencia fraudulenta", tras el no pago de una indemnización de cerca de 55.000 USD al ex alcalde de esa ciudad, José Bolívar Castillo, producto de un juicio anterior por daño moral. Adolfo Moreno Bravo, abogado de Aponte, denunció a Fundamedios que existen irregularidades en el proceso porque no se aplicó correctamente el Derecho Penal. Además, dijo que existe una prejuicialidad en contra de su defendido, por lo que "no es una defensa en igualdad de condiciones". Según Moreno, estas irregularidades se manifiestan en el planteamiento del juicio que inició como una causa civil por insolvencia y, sin que existiera una calificación por parte de un juez civil en el sentido de que la quiebra de Aponte es fraudulenta, se inició una causa penal. "Se trata de una verdadera aberración jurídica que deja un precedente nefasto que causa vergüenza a la justicia lojana y, sobretodo, criminaliza la deuda, o sea, quien debe ahora se va preso en Loja", enfatizó el abogado. Moreno aseguró, además, que el juez Hernán Castillo, presidente del tribunal que dictó la negativa a la apelación, tiene vínculos con el ex alcalde, puesto que trabajó con él en una institución pública. Por su parte, Aponte, quien cumplió una condena en prisión cuando un juez lo declaró culpable de injurias calumniosas contra el mismo Bolívar Castillo, dijo a Fundamedios que se siente impotente ante este caso y declaró que no cuenta con recursos para cancelar la supuesta deuda. Por ahora, la defensa de Aponte espera una notificación escrita para el llamamiento a juicio que podría derivar en una nueva sentencia penal. Cabe recordar que este es el tercer proceso penal que el ex alcalde sigue en contra del comunicador. La querella se originó en junio de 2007, cuando Castillo acusó a Aponte de supuestamente haberlo llamado "ladrón" en su programa de opinión "Primer Plano" de Radio Luz y Vida de Loja. Desde el inicio de los procesos, el comunicador ha cuestionado los fallos condenatorios de los tribunales, acusando de vinculación familiar entre su acusador y los jueces que tramitaron sus casos y que podrían haber influido en sus sentencias.

El lunes 10 de enero de 2011, la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Loja, ciudad ubicada al sur del país, negó el recurso de apelación interpuesto por el periodista Freddy Aponte y ratificó el llamamiento a juicio por "insolvencia fraudulenta", tras el no pago de una indemnización de cerca de $55.000 al ex alcalde de esa ciudad, José Bolívar Castillo, producto de un juicio anterior por daño moral.

Adolfo Moreno Bravo, abogado de Aponte, denunció a Fundamedios que existen irregularidades en el proceso porque no se aplicó correctamente el Derecho Penal, además, dijo que existe una prejuicialidad en contra de su defendido, por lo que "no es una defensa en igualdad de condiciones".

 Según Moreno, estas irregularidades se manifiestan en el planteamiento del juicio que inició como una causa civil por insolvencia y, sin que existiera una calificación por parte de un juez civil, en el sentido de que la quiebra de Aponte es fraudulenta, se inició una causa penal. "Se trata de una verdadera aberración jurídica que deja un precedente nefasto que causa vergüenza a la justicia lojana y, sobretodo, criminaliza la deuda, o sea, quien debe, ahora se va preso en Loja", enfatizó el abogado.

 Moreno aseguró, además, que el juez Hernán Castillo, presidente del tribunal que dictó la negativa a la apelación tiene vínculos con el ex alcalde, puesto que trabajó con él en una institución pública.

 Por su parte, Freddy Aponte, quien hace un año cumplió una condena en prisión cuando un juez lo declaró culpable de injurias calumniosas contra el mismo Bolívar Castillo, dijo a Fundamedios que se siente impotente ante este caso y declaró que no cuenta con recursos para cancelar la supuesta deuda.

 Por ahora, la defensa de Aponte espera una notificación escrita para el llamamiento a juicio que podría derivar en una nueva sentencia penal.

 Cabe recordar que este es el tercer proceso penal que el ex alcalde sigue en contra del comunicador. La querella se originó en junio de 2007, cuando Castillo acusó a Aponte de supuestamente haberlo llamado "ladrón" en su programa de opinión Primer Plano de Radio Luz y Vida de Loja.

Desde el inicio de los procesos, el comunicador ha cuestionado los fallos condenatorios de los tribunales, acusando de vinculación familiar entre su acusador y los jueces que tramitaron sus casos y que podrían haber influido en sus sentencias.

El llamado a juicio por insolvencia fraudulenta en contra del periodista lojano Freddy Aponte fue ratificado por la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Loja. Quien le siguie el juicio es el ex alcalde de Loja, José Bolívar Castillo, por un problema de tipo personal de larga data.

adolfo moreno bravo abogados

Derecho Penal y Prueba Electrónica

Los tiempos cambian y con ellos, los distintos usos que el hombre da a la ciencia y otros saberes. El derecho penal que, sin ser ciencia, se constituye en un conjunto de saberes teóricos con enorme influencia en la vida y control de la sociedad, sufre importantes cambios, sus contradicciones aumentan, en otras palabras, su crisis ha sido y es evidente.

La investigación científica respecto de la investigación del delito y sus connotaciones, sigue siendo y al parecer, para largo, un Talón de Aquiles no solo para el Derecho Penal propiamente dicho, sino para los Operadores de Justicia y más aún, en un sistema judicial como el nuestro.

Aunque duela aceptarlo, aún hay fiscales, jueces y abogados en general, que consideran una herejía, temas como firmas electrónicas, documentos electrónicos, certificados electrónicas, etc. Y lo que es más sensible aún. En más de una oportunidad, se has permitido injusticias, por el poco manejo que tenemos frente a las nuevas tecnologías en el derecho. Por suerte, las exigencias propias de tan difícil profesión, permiten, de alguna manera, ir saliendo del atolladero y ubicarse, si bien no a la cabeza de estas novedades jurídicas, al menos no a la cola.

Hace pocos días, se presentó el caso de un asesinato que conmocionó a la ciudadanía lojana, por la crueldad y audacia con que se perpetró. Se tenía sospechas sobre la identidad de los autores, pero no sobre su ubicación en la escena del crimen, ni tampoco sobre su real participación en el mismo. En estas condiciones y a las luces de la escasa evidencia inicial, se requirió a un juez de turno, casi de manera desesperada, una orden de detención con fines investigativos, para los mencionados sospechosos. De las versiones que aquellos rindieron, en la práctica, no se obtuvo nada. Pero al ser privados de su libertad, se les encontró a cada uno, dos celulares. Los cuatro móviles, correspondían a la Empresa de Telefonía Móvil Porta. Frente a este hecho, se solicitó al fiscal proceda a retener los celulares declarándolos como posible evidencia y, a las luces de lo que prescribe el Art. 150 del Código de Procedimiento Penal, se ordenó, por parte de juez competente, la apertura y examen de dichos aparatos. El resultado que arrojo el análisis, permitió ubicar a los responsables de la infracción, que eran los dueños de los celulares y con la información proveniente de las antenas receptoras, incluso fue posible dejar sin piso su coartada. La prueba técnica fue incontrovertible.

Atendiendo lo que establecen la norma antes citada, más los Arts. 151 a 157 del Estatuto de Juzgamiento Criminal y los Arts. 52 a 55 de la Ley de Comercio electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, se abre un campo importante para la investigación criminal y a la par, que para la defensa penal, ya que las ritualidades que ahí se disponen abren un abanico de posibilidades para todos los sujetos procesales.

Es destacable el contenido del artículo innumerado, agregado por el Art. 31 de la Ley s/n R.O., 555-S, 24-III-2009, que permite a los fiscales, en el decurso de las investigaciones, utilizar todos aquellos medios técnicos, electrónicos, informáticos y telemáticos que resulten útiles e indispensables para sustentar sus actuaciones, cumpliendo con los requisitos y obteniendo las autorizaciones que se exijan en la ley respecto a la procedencia y eficacia de los actos de investigación o de prueba que se formulen a través de dichos medios.

Ahí, la ley y la tecnología, se han fusionado para dar a paso a la aplicación de nuevas técnicas en la investigación y justicia penal.

Luego, la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, en general, aunque localmente, no tiene mucha aplicación, ofrece en sí, novedosas posibilidades para el ejercicio de la profesión y fundamentalmente, para presentar elementos probatorios que, hasta hacer poco tiempo, muy posiblemente, eran soslayados por los litigantes. Incluso, se cuenta con una presunción legal, en los casos en que una firma electrónica ha sido certificada por una entidad de certificación de información acreditada. Así, un mail puede ser prueba plena de un fraude, de una asociación ilícita, de un despido intempestivo y hasta de una infidelidad, para quienes gozan con esa causal en los casos de divorcio.

Conviene a todos quienes estamos vinculados en el andamiaje legal, actualizarnos más, para sentar de a poco, la sana costumbre de que en cualquier tipo de controversia, se vaya contando con medios probatorios electrónicas, ya que sin lugar a duda, se establecen como útiles herramientas dentro de una profesión, en la que todavía la tecnología no ha pasado a ser un habitual aliado, sino en oportunidades excepcionales.

Como cada cual opina desde el rol que cumple en la sociedad; pues yo considero que la clase fue muy útil y sobre todo, práctica, para efectos de al menos crearse una idea sobre esta importante realidad. En hora buena.